“Si la persona no es española, no podemos hacer nada”. La contestación –real- es la respuesta ante una llamada por un problema sanitario a una Consejería de la Seguridad Social en el exterior. La persona afectada, que tiene derecho a residencia en nuestro país, ha perdido el derecho sanitario tanto dentro como fuera de España. La situación no es un caso particular, sino que se repite constantemente en cualquier centro de salud, hospital u oficina del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) desde que se implantaron las leyes de exclusión sanitaria.
El cambio de modelo sanitario llevado a cabo por el gobierno del PP a partir del año 2012, mediante una batería de reales decretos y leyes posteriores, acabó con el derecho a la salud y a la atención sanitaria como tal en nuestro país. En el nuevo modelo, el derecho a la asistencia se vinculó a la inclusión en el régimen de cotizaciones de la Seguridad Social –o poder ser beneficiario de algún cotizante-, mediante el concepto de « asegurado ». El derecho pasaba así a individualizarse, y a tener que ser demandado (y no siempre obtenido) por aquellas personas que no podían acogerse a estos requisitos. La reforma impactó de modo directo en las personas inmigrantes privadas de empleo, aunque otros grupos se vieron también afectados: los mayores de 26 años que no habían cotizado nunca o las personas emigrantes. No obstante, ante la alarma social generada, se efectuaron legislaciones paralelas posteriores para incluir de nuevo a estos dos últimos colectivos en el sistema (aunque en el caso de los emigrantes esta reinclusión fue parcial y ha provocado numerosas situaciones de exclusión sanitaria)
Sin embargo, no se hicieron modificaciones posteriores que devolvieran cierto grado de cobertura a los inmigrantes: el discurso xenófobo fue, como en muchos otros casos, la herramienta más útil para esconder el cambio de modelo. Las menciones al “turismo sanitario” que realizaban los extranjeros y que hacían insostenible al sistema de salud fueron la línea argumental del gobierno para justificar la nueva ley. A pesar de que los bulos sobre la utilización del sistema sanitario por parte de los inmigrantes están más que desmontados, que la lógica nos dice que la salud es un bien común donde no caben individualidades, sino que prima la protección colectiva, o que los estudios mostrando el menor coste económico de los sistemas sanitarios universales son recurrentes, la reforma sanitaria fue relativamente aceptada. El cambio de modelo posibilitaba así la apertura a sistemas sanitarios mixtos público-privados, con la ayuda de unas leyes de privatización sanitaria que llevan décadas permitiendo la implantación de estos sistemas privados. Los inmigrantes no son necesariamente el objetivo en sí, pero son utilizados como excusa perfecta para implantar el nuevo modelo.
“Para solicitar la cobertura me tienes que traer: justificante de vinculación laboral, certificado de residencia, y el tiempo que vas a permanecer en el país”. En una oficina del INSS -caso real de nuevo-, afectado y trabajador están leyendo la legislación vigente. Sin directrices claras más allá de la interpretación de la ley en sí, a la persona afectada se le piden una batería de papeles –algunos oficiales, otros ni siquiera definidos- para acceder a la cobertura sanitaria el tiempo que está en el país. En cada visita una nueva solicitud es necesaria.
La ventanilla, la burocracia y la aplicación informática de turno son los elementos últimos del sistema que ejercen la exclusión sanitaria. El derecho a la sanidad es, para las personas migrantes, un mérito que se gana primero con el esfuerzo de encontrar un trabajo, y después con pruebas que lo acrediten, para ser finalmente otorgado como una gracia tras cierto recorrido administrativo. La lógica es aún más perversa cuando Estados con altas tasas de desempleo y precariedad, que privan recurrentemente a la población de la posibilidad de un trabajo estable, abordan este discurso: ante la falta de políticas públicas adecuadas, el discurso del mérito se hace imprescindible para enmascarar y justificar un sistema excluyente (cuántas veces sino habremos oído vincular el « llevar tantos años cotizados» con tener derecho a la sanidad). Con ello, además se culpabiliza al individuo y se le transmite la responsabilidad de garantizarse derechos básicos que debían ser provistos por los propios gobiernos.
En el contexto europeo, por ejemplo, las políticas liberales están provocando estas migraciones desde los países periféricos de la UE hacia el resto, tanto de personas comunitarias como no comunitarias -en muchos casos segundas migrantes-. En la mayoría de los países europeos el derecho a la sanidad está igualmente segregado, vinculado a lo laboral o siendo directamente un sistema privado. Así, una cantidad importante de personas son desplazadas y privadas de derechos, generando al mismo tiempo una mano de obra vulnerable de ser precarizada y explotada. La exclusión sanitaria suele ser una constante, que provoca retraso en seguimientos médicos, adelanto de pagos por la persona afectada o el subsiguiente desvío a seguros privados.
“Que no te engañen: la sanidad en Madrid es universal” (campaña del Partido Popular madrileño). A pesar de las reformas sanitarias, el discurso político mantiene la «universalidad» como bandera, independientemente de lo aplicado en materia legislativa. De hecho, la nueva reforma del actual gobierno del PSOE es una llamada también a recuperar la sanidad universal. Efectuada de nuevo mediante Real Decreto –sin debate parlamentario ni enmiendas- la ley está, sin embargo, lejos de revertir los derechos perdidos en 2012: mantiene el aseguramiento como concepto, genera potenciales grupos de exclusión (personas sin residencia legal, reagrupados familiares, emigrantes en situación precaria o privados de empleo) y no establece mecanismos claros de inclusión en el sistema para estos grupos. La igualdad de derechos, máxima de todo estado que se diga democrático, no será aplicable tampoco ahora al acceso a la sanidad. En definitiva, el nuevo decreto seguirá provocando denegaciones de atención y facturaciones: las situaciones de exclusión anteriormente descritas seguirán produciéndose, junto con muchas otras, de manera recurrente.
La generación de un mercado de la salud en manos del sector privado requiere el adelgazamiento y deterioro de nuestra sanidad pública. Los recortes en medios y presupuestos y las leyes de la privatización de la sanidad –que deterioran nuestro sistema- y el modelo de aseguramiento –que abre la puerta a generar usuarios y nichos de mercado- son las puntas de lanza de este desmantelamiento. El reconocimiento de la cobertura sanitaria a todas las personas es la única garantía de la voluntad política de no seguir este camino. Porque los derechos de la última persona excluida son, en definitiva, los derechos de todas.
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